El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, insistió este sábado en un mensaje en redes sociales en que «no ha cambiado nada» después de que una comisión independiente de la Premier League británica declarara al club culpable de más de cien violaciones de los códigos de conducta financiera de la institución, lo que, en teoría, podría acarrearle multas, pérdidas de puntos, descenso de categoría, retirada de trofeos y una oleada de demandas judiciales de sus rivales.
El equipo británico dispone de 14 días para apelar las acusaciones en el inicio de un largo proceso judicial. «No ha cambiado nada», sostiene el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak
El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, insistió este sábado en un mensaje en redes sociales en que «no ha cambiado nada» después de que una comisión independiente de la Premier League británica declarara al club culpable de más de cien violaciones de los códigos de conducta financiera de la institución, lo que, en teoría, podría acarrearle multas, pérdidas de puntos, descenso de categoría, retirada de trofeos y una oleada de demandas judiciales de sus rivales.
Y, sin embargo, Mubarak tiene su parte de razón. Oficialmente, ni la Premier League ni el City han reconocido la existencia de la sentencia. Simplemente, la primera se lo ha comunicado al segundo, y esa información se ha filtrado a la prensa británica. Pero nadie la ha confirmado ni desmentido.
Ni siquiera se sabe exactamente cuántas violaciones han sido investigadas ni cuántas han sido confirmadas. Su número oscila entre las 114 más citadas, las 130 del diario The Guardian y las 134 de su rival The Times ni de qué se acusa exactamente al City. Aunque sí se conocen las categorías generales de las acusaciones, nadie -fuera de la Premier League o del Manchester City- parece saber qué cargos concretos han prosperado, con qué pruebas y mediante qué razonamiento jurídico.
Así que todo ha cambiado. Pero, oficialmente, nada ha cambiado. Ahora bien, que el City sea culpable plantea otra cuestión: qué sanciones le van a ser impuestas. Y ahí entra en juego otro proceso que puede demorarse fácilmente más de un año, y del cual el equipo puede salir mucho menos malparado que lo que sus quiebras del código de la Liga haría pensar. Ahora el City tiene 14 días para apelar las acusaciones.
Nadie sabe el día en el que termina el plazo, porque todo el proceso es confidencial entre la Liga y el club, con lo que nadie sabe exactamente cuándo las faltas le fueron comunicadas al City, que es el momento en el que el cronómetro echa a andar. Una vez que la reclamación sea presentada, el presidente del Comité Judicial de la Premier League deberá constituir un comité de tres juristas de la propia Liga para que la evalúen.
Ese comité tendrá 12 semanas para escuchar a las dos partes. Después, contará con otro mes para analizar los argumentos de cada uno y emitir un dictamen. Si la cosa va lenta, estamos hablando de finales de enero o incluso principios de febrero de 2027. Dado que el Manchester City tiene más de cien cargos en su contra, es improbable -pero no imposible- que logre tumbarlos a todos. Los que hayan resistido a la apelación volverán al mismo comité de tres personas que ha dictaminado esta semana la culpabilidad del club.
En ese momento, el City tendría otra opción: exigir un arbitraje independiente. Si optara por ello, el caso sería decidido por otros tres juristas: uno escogido por el City, otro por la Premier y un presidente elegido de común acuerdo por ambos. Aunque son designados por las partes, los tres deberían declarar su independencia e imparcialidad. Su decisión sería inapelable. Si no hay arbitraje, todo quedará en manos del comité de la Premier League.
La prensa británica estima que podría tardar fácilmente más de seis meses, con lo que nos pondríamos en septiembre u octubre de 2027. No sería el final de la saga legal, porque el club podría apelar esa decisión. Eso conllevaría la creación de otro comité para decidir. Cuando se agotara ese recurso, el Machester City tendría la posibilidad de reclamar otro arbitraje, no para juzgar el fondo del caso, sino para examinar si la resolución final adolece de defectos jurídicos o procesales extraordinariamente graves.
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