<p>El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este lunes la apertura de un expediente sancionador a «una gran promotora de festivales» a la que ha acusado de llevar a cabo <strong>»prácticas abusivas»</strong> por no permitir la entrada de comida en su recinto, impedir la entrada y la salida de los asistentes y obligar al pago con pulseras cashless. </p>
El Ministerio señala que esas prácticas son no permitir la entrada de comida en su recinto, impedir la entrada y la salida de los asistentes y obligar al pago con pulseras cashless.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este lunes la apertura de un expediente sancionador a «una gran promotora de festivales» a la que ha acusado de llevar a cabo «prácticas abusivas» por no permitir la entrada de comida en su recinto, impedir la entrada y la salida de los asistentes y obligar al pago con pulseras cashless.
El expediente abierto por el ministerio de Pablo Bustinduy a través de la Dirección General de Consumo supone, según fuentes del propio departamento «una infracción del artículo 47.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Si esta sanción se acabara considerando como muy grave, las sanciones podrían oscilar entre los 100.001 y el millón de euros. Ahora se da comienzo a un período de nueve meses en los que se debe resolver el expediente.
El texto remitido por Consumo apunta que la promotora ha incurrido en tres tipos de «posibles prácticas abusivas». La primera, «prohibir de forma expresa y generalizada el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los y las asistentes, y denegando el derecho de acceso de forma potencialmente arbitraria». La segunda, «prohibir que los y las asistentes a un festival puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente, obligándoles a abonar una cantidad adicional para evitarlo». Y la tercera «establecer como obligatorio un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto pero sin admitir la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima».
Según fuentes conocedoras del proceso, el expediente se ha abierto por una denuncia de Facua. Desde la asociación de consumidores señalan que solo el pasado año presentaron diversas denuncias contra los organizadores de 28 festivales y conciertos. Hasta tres veces ha presentado reclamaciones contra Live Nation, según confirman las mismas fuentes, por supuestas irregularidades en conciertos de ACDC en 2024, Lady Gaga en 2025 y los futuros conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona. Sin embargo, desde el Ministerio no han revelado si esta ha sido la promotora sancionada.
Ya el pasado mes de mayo, con motivo de los conciertos de Bad Bunny en España, cuya organización corresponde a Live Nation, Consumo había anunciado el inicio de una investigación contra Ticketmaster. El motivo, en ese caso, era el cobro de recargos ilícitos durante el proceso de compra online, referidos a conceptos que habrían sido aplicados sin la debida transparencia, información previa suficiente o justificación adecuada.
La reventa de entradas es uno de los puntos en los que ha fijado en los últimos meses su tiro el Gobierno. El ministerio de Bustinduy anunció el pasado mes de julio la puesta en marcha de un anteproyecto de ley para prohibir la reventa de entradas en espectáculos culturales que supongan un beneficio. El texto legal recoge que el vendedor sólo podrá subir el precio de la entrada en la misma cuantía que crezca el IPC.
Esta medida es complementaria a la actual prohibición de que las empresas utilicen sistemas de bots para una compra masiva de entradas destinada a la reventa. El propio Ministerio asumía que este mecanismo no está funcionando cómo se esperaba en un primer momento.
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